El gobierno de Claudia Sheinbaum publicó el 27 de marzo de 2026 las cifras actualizadas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas: 130,178 personas siguen sin ser localizadas en México. Para buscarlas, la Comisión Nacional de Búsqueda recibió este año un presupuesto de $1,214 millones de pesos, casi el triple que en 2018. Sumando el subsidio a comisiones estatales ($889 millones), el total del aparato federal-estatal de búsqueda es de $2,103 millones de pesos al año. Mientras tanto, la violencia en general le cuesta a México $4.5 billones de pesos anuales según el Índice de Paz México 2024. La matemática es despiadada: México gasta 2,140 veces más en pagar las consecuencias de la violencia que en buscar a sus desaparecidos.
Las cifras del registro: 394,645 personas, 130,178 sin localizar
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) integra casos desde 1952, aunque fue creado formalmente en 2018. Al corte del 27 de marzo de 2026, contiene 394,645 registros totales. De esos:
• 262,111 personas localizadas (66.4%)
• Dentro de las localizadas: 240,211 fueron encontradas con vida (91.6%)
• 130,178 personas activas como desaparecidas (cifra de la Comisión Nacional de Búsqueda)
• 89,870 sin localizar según conteo alterno del Gobierno de México
• 46,742 registros con información insuficiente (sin nombre, sexo o fecha del incidente, lo que impide abrir carpetas de investigación)
Las tres cifras (130,178 / 89,870 / 46,742) revelan un problema técnico además del humano: el sistema mismo de registro está fragmentado. Casi un cuarto de los expedientes carecen de datos básicos para iniciar búsqueda. Es información, pero no actionable.
El presupuesto: casi se triplicó desde 2018
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) fue creada en marzo de 2018 con un presupuesto inicial de $468 millones de pesos. Para el ejercicio fiscal 2026, su presupuesto es de $1,214 millones de pesos, un crecimiento de 159% en 8 años (sin ajustar por inflación; en términos reales el crecimiento es ~85%).
Adicionalmente, el gobierno federal asigna $889 millones de pesos en subsidios a comisiones locales de búsqueda en 2026, principalmente para tecnología, herramientas y vehículos. La suma total del aparato federal-estatal de búsqueda asciende entonces a $2,103 millones de pesos al año.
Dividido entre los 130,178 desaparecidos activos, eso equivale a $16,158 pesos por persona desaparecida al año. Para contexto: estándares forenses internacionales (FBI, INTERPOL) estiman que la identificación genética + investigación de un caso individual cuesta entre $50,000 y $200,000 dólares (~$850,000 a $3.4M MXN). El gap es brutal.
El otro lado: el costo de la violencia es 2,140 veces mayor
El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) publicó en mayo de 2025 el Índice de Paz México 2024, con datos del año fiscal 2024. Las conclusiones:
• Costo total de la violencia en México: $4.5 billones de pesos
• Equivale al 18% del PIB nacional
• Por persona: $33,905 pesos al año (cada mexicano paga este costo en oportunidades perdidas, gasto de seguridad, miedo)
• Homicidios: 38% del costo ($1.7 billones de pesos / ~$85 mil millones de dólares)
• Crímenes violentos (robos, asaltos, agresiones sexuales): 33% ($1.5 billones / $75 mil millones USD)
Las matemáticas comparativas son la nota: el costo total de la violencia en México es 2,140 veces mayor que el presupuesto que el Estado destina a buscar a las víctimas que esa violencia genera. Por cada peso que se gasta en buscar, se gastan más de $2,000 en pagar las consecuencias de no haber prevenido.
El sistema forense: 72,100 cuerpos sin identificar
Otro frente del costo: la identificación post-mortem. Al cierre de 2023 (cifra oficial más reciente publicada), México tenía 72,100 cuerpos sin identificar en sus servicios forenses. La Base Nacional de Información Genética alcanzó 78,722 perfiles en 2024 con la incorporación de 9,071 nuevos perfiles de familiares de personas desaparecidas.
El gobierno federal ha invertido en infraestructura: el Centro Regional de Identificación Humana en Saltillo, Coahuila es el único en su tipo en América Latina. Centros adicionales operan en Baja California, Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, San Luis Potosí y Michoacán. Sin embargo, el cuello de botella no es de tecnología sino de personal: cada perito puede procesar entre 30 y 50 casos al año, y México tiene apenas 600 peritos genetistas certificados — para un universo de potencial identificación de 70,000+.
El informe CIDH: presión internacional
El 24 de abril de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su informe especial sobre crisis forense en México. Las recomendaciones técnicas se cruzan con el debate presupuestal: la CIDH solicitó al Estado mexicano triplicar el presupuesto del sistema forense en 5 años, lo que requeriría aproximadamente $6,500 millones de pesos adicionales al año respecto a la base actual.
La presión internacional tiene un componente económico directo. México es signatario de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El Comité de la ONU contra Desapariciones Forzadas (CED) emitió en 2022 un documento con 80 recomendaciones específicas para el Estado mexicano, varias con implicaciones presupuestales que el país aún no ha incorporado plenamente.
El cálculo que el debate público no hace
El argumento económico que rara vez se articula: cada desaparición no resuelta representa una pérdida estructural de capital humano y productivo. El INEGI estima que el ingreso promedio anual de un trabajador mexicano formal en 2025 fue de $202,500 pesos. Multiplicado por 130,178 desaparecidos activos, asumiendo una expectativa de vida productiva remanente de 25 años por persona, la pérdida acumulada teórica para el país asciende a $659 mil millones de pesos en producción no realizada — sin contar el costo emocional, social y de salud mental para las familias.
Esta cifra no aparece en presupuestos ni en informes de Hacienda. Pero es real. La crisis de desapariciones no es solo un problema de derechos humanos: es un sangrado económico continuo del país que no se contabiliza porque no tiene una línea presupuestal para su pérdida.
Lo que viene
El Plan Nacional de Búsqueda 2026-2030, en proceso de elaboración, debería incluir presupuestos multianuales blindados, contratación de al menos 2,000 peritos genetistas adicionales en 5 años, y coordinación obligatoria entre fiscalías estatales (donde hoy se traba la mayor parte de las investigaciones). El costo estimado de implementación: $25,000 a $35,000 millones de pesos adicionales acumulados.
La pregunta política es si Sheinbaum incluirá esos rubros en el Paquete Económico 2027 que enviará al Congreso en septiembre de 2026. Si no, el gap entre la escala del problema y los recursos para resolverlo seguirá creciendo — y el costo de la violencia con él.
Fuentes: Comisión Nacional de Búsqueda (segob.gob.mx), Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), Instituto para la Economía y la Paz (Índice de Paz México 2024), CIDH (informe abril 2026), INEGI (ENOE 2025), La Jornada, Univision, Tribuna de la Bahía.
